Habría que remontarse a 2010, cuando el entonces alcalde de Guayaquil Jaime Nebot lideró una gran movilización contra el “modelo centralista” del gobierno de la Revolución Ciudadana, para encontrar cierto parangón con la conflictividad del primer trimestre de 2026 entre diversos gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y el gobierno central. Como en esos días, los lenguajes de la contienda en torno a lo local han vuelto al primer plano del debate público y de diversas demostraciones sociales: centralismo, desfinanciamiento, descentralización, ataque a la autonomía local.
A diferencia de 2010, sin embargo, ahora es la capital el epicentro del malestar frente a decisiones y reformas gubernamentales que estrechan las condiciones de gestión local mientras refuerzan la pendiente autocrática en el régimen político. Así, en el curso del último semestre (octubre 2025–marzo 2026), este escenario ha derivado en una virtual ruptura entre el gobierno de Daniel Noboa y la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.
A partir del rastreo del juego político nacional y de las interacciones entre ambos niveles de gobierno, en lo que sigue se reconstruyen los episodios, secuencias y procesos que explican semejante degradación de sus relaciones. Se analiza el período que va desde la posesión del alcalde de Quito (mayo de 2023) hasta el primer trimestre de 2026, en un ciclo marcado por la crisis de seguridad, la declaratoria de “conflicto armado no internacional” (CANI) y la consolidación de un liderazgo presidencial que copa los poderes estatales e intensifica lógicas de confrontación con actores políticos y sociales.
Más que un episodio puntual de confrontación, lo que se observa es una dinámica de deterioro gradual de las relaciones entre gobierno y municipio en la que se combinan disputas de coyuntura, desacuerdos técnicos y reconfiguraciones del poder estatal. Entre 2023 e inicios de 2026, dicho deteriroro se configura en tres tiempos: cohabitación política, escalamiento de fricciones, confrontación abierta. Esta escalada corre en paralelo a la concentración de poderes, en el marco de un régimen de excepción casi permanente y la militarización de la seguridad.
En dicho curso, la disputa partidaria -atravesada por el clivaje correísmo / anticorreísmo- coexiste con conflictos sobre las reglas de juego para la gestión y las finanzas locales. Las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD (febrero de 2026) marcan el punto más alto de esta tensión. En la antesala de las elecciones locales, decisiones de las instituciones electorales dejan ver su alineamiento con el Ejecutivo en su intento de controlar los poderes locales. La percepción de un asedio a lo local corre por distintos frentes.
1. Cohabitación política (mayo 2023 – abril 2024)
La primera fase se caracteriza por baja conflictividad pública y relativa fluidez en las relaciones interinstitucionales, pese a las diferencias partidarias entre los actores. La noción de “cohabitación” es usada para definir, precisamente, entornos de virtual entendimiento entre figuras políticas de signo opuesto.
Tras la posesión de Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana – RC) como alcalde en mayo de 2023 y la llegada de Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional – ADN) a la Presidencia en noviembre del mismo año predominó una lógica de reconocimiento democrático y coexistencia pragmática. No se registran disputas de alto perfil. Ambos actores enfrentaban desafíos inmediatos -crisis de seguridad, restricciones fiscales, transición administrativa- que incentivaron evitar confrontaciones abiertas.
Más que convergencia política, sin embargo, se trató de cierta confluencia de estrategias o modos de comprensión de la coyuntura. En su posesión, el alcalde enfatizó la necesidad de un “diálogo democrático amplio y plural”, mientras Noboa adoptaba un tono conciliador (“no soy anti-nada”). Desde su toma de mando y hasta febrero de 2024, de hecho, funcionó en la Asamblea Nacional un amplio acuerdo legislativo -ADN, RC y el PSC (Partido Social Cristiano)- que alimentó la narrativa de la “nueva política”. En ese marco, en febrero de 2024, el Municipio adquirió bonos del Estado, lo que permitió al Ejecutivo aliviar tensiones fiscales y pagar obligaciones pendientes.
Este equilibrio empieza a modificarse con el decreto de “conflicto armado interno” en enero de 2024 y la ruptura del acuerdo legislativo por el alza del IVA, justificado por el oficialismo como parte del financiamiento de la “guerra interna”. La reforma entra en vigor por veto presidencial y ministerio de la ley. El presidente eleva el tono contra la clase política.
Las primeras fricciones emergen con la crisis eléctrica y los apagaones (septiembre–diciembre 2024), cuando el alcalde formula críticas puntuales a la gestión nacional. Aun así, la interacción pública se mantuvo en términos cordiales, como lo evidencia la participación del presidente y el alcalde en las fiestas de Quito de diciembre 2024, incluyendo anuncios conjuntos sobre la ampliación del Metro. Tal episodio de cooperación, el úlitmo entre ambas instancias, se vio contrastado por expresiones públicas de crítica al gobierno en medio de las celebraciones de la ciudad: durante su concierto en el Quito Fest, la banda hip-hopera Mugre Sur cuelga un cartón del presidente y genera inmediato rechazo del Ministerio de Cultura.
En todo caso, el punto de inflexión de esta fase emerge con la detención del exvicepresidente Jorge Glas, asilado en la embajada de México. La medida reintroduce al gobierno en la lógica confrontacional del anti-correísmo y abre una respuesta inmediata de la RC, que incluye la declaración de “oposición frontal” a Noboa. Un elemento de explícita polarización atraviesa desde entonces las interacciones entre ambos movimientos en todos los espacios políticos. La relación nacional–local pasa a inscribirse en el clivaje político nacional.
Fase 1. Cohabitación política
Hitos
Mayo 2023 → Posesión de Pabel Muñoz como alcalde.
Noviembre 2023 → Llegada de Daniel Noboa a la Presidencia.
2024 → Primeras tensiones por crisis eléctrica y apagones.
Diciembre 2024 → Fiestas de Quito, compromiso por Metro, Serenata quiteña: últimos gestos de cordialidad pública.
👉 Punto de inflexión
Abril 2024 → Asalto a la Embajada de México (caso Glas); RC declara “oposición frontal” al Gobierno.
2. Escalamiento de tensiones (abril 2024 – septiembre 2025)
La segunda fase se caracteriza por una acumulación sostenida de fricciones. Los desacuerdos dejan de ser puntuales y se estructuran en distintos campos de conflicto. La relación entre el Gobierno y el Municipio entra en una etapa de desconfianza y politización paralizante.
Uno de los ejes centrales de tensión concierne los recursos locales y las finanzas públicas. A inicios de 2025, el Municipio y otros GAD hacen públicos los retrasos en transferencias estatales y la consiguiente afectación a la ejecución de obras y servicios. Las denuncias al respecto se reiteran en diversos momentos.
Otros episodios de confrontación aluden a la paralización de decisiones estratégicas del cabildo por resoluciones de la administración nacional. Un caso emblemático fue la retención de trolebuses eléctricos por parte de la Aduana (marzo 2025), interpretada como un obstáculo a su agenda de movilidad.
Otro foco relevante de conflicto corresponde a la gestión de diversas crisis ambientales y de servicios públicos. Los incendios forestales de septiembre 2024 dejaron ver tensiones en la coordinación de la emergencia, aunque ambas instancias compartieron el discurso de que Quito estaba “bajo ataque”. La crisis hídrica en el sur de Quito (marzo y julio de 2025) genera nuevoos intercambios críticos: el Gobierno cuestiona la “inacción municipal”, mientras el alcalde defiende la gestión local y denuncia falta de coordinación. Las acusaciones oficiales de “sabotaje al sistema de agua potable” intensifican la confrontación. El Cabildo rechazó tajantemente tal declaración.
En junio 2025, diario La Hora mostraba la acumulación de tensiones en torno a uso del suelo, planificación urbana y patrimonio. Casos como un proyecto habitacional en Carcelén o las intervenciones en Guápulo evidencian tensiones entre planificación local y directrices nacionales. Se suman controversias sobre infraestructura y equipamiento deportivo como el caso de la remodelación del Estadio Atahualpa. Más que “desacuerdos técnicos”, distintas viones de ciudad empiezan a ponerse en juego.
También se registran discrepancias sobre la contratación de radares de velocidad y, posteriormente, sobre la tasa de seguridad para el ingreso escolar (septiembre de 2025), donde el Municipio rechazó cualquier intento de supervisión del gobierno central. Estas disputas evidencian diferencias sobre competencias y niveles de control.
A lo largo de esta fase se configura además una dinámica de presión política indirecta sobre el gobierno metropolitano, como el intento de revocatoria del alcalde (abril–octubre de 2025). Aunque fallido, el proceso contribuye a generar incertidumbre en la gestión mientras aviva confrontaciones políticas entre actores locales.
En conjunto, se observa un desplazamiento desde conflictos técnicos hacia una politización creciente de la relación. La acumulación de tensiones inter-gubernamentales y la ausencia de mecanismos efectivos de coordinación preparan el terreno para la ruptura.
Fase 2: Escalamiento de tensiones
Campos de conflicto
🔹Recursos y gestión:
Enero 2025 → Reclamos por retrasos en transferencias del Gobierno al Municipio.
Marzo 2025 → Retención de trolebuses por SENAE.
🔹 Crisis urbanas:
Marzo 2025 → Crisis de agua (Mica–Quito Sur, 400.000 afectados); acusaciones de sabotaje (Papallacta).
Julio 2025 → Persistencia crisis hídrica + recriminaciones públicas.
🔹 Uso de suelo, patrimonio y espacio público:
→ Casos de Carcelén, Guápulo y Estadio Atahualpa: planificación local vs. decisiones nacionales.
🔹 Control y competencias:
2025 → Disputa por radares y contratos municipales.
Septiembre 2025 → Conflicto por tasa de seguridad.👉 Rechazo municipal explícito a injerencia nacional.
🔹 Presión política indirecta:
Abril–octubre 2025 → Proceso de revocatoria del alcalde.
3. Ruptura y radicalización (septiembre 2025 – marzo 2026)
La tercera fase marca un cambio cualitativo en la relación gobierno – municipio, la confrontación se radicaliza y se produce una virtual ruptura. Si en los meses previos decisiones del gobierno y los órganos de control contribuyen a ralentizar la agenda local, con el arranque de 2026 la disputa se desplaza hacia específicas iniciativas de reforma estatal que reestructuran el espacio de gobernanza de los GAD. Se denuncia un proceso de recentralización. Son particularmente sensibles las reformas al COOTAD y a la Ley de ordenamiento territorial y uso del suelo (LOOTUGS).
Así, el conflicto escala y se recualifica. El cabildo asume una posición defensiva, de resistencia institucional, ante los proyectos del oficialismo. Los espacios de la contienda articulan las calles, la arena parlamentaria y la Corte Constitucional. Las reformas avanzan sin contar con la participación de los gobiernos locales.
Un primer episodio clave en esta fase es la controversia por la Tasa de Recolección de Basura (octubre de 2025). En esa fecha el gobierno elimina su cobro en las planillas de electricidad, argumentando el cumplimiento de la normativa que prohíbe vincular tasas municipales al consumo eléctrico y presentando la medida como un acto de transparencia. El Municipio es forzado a rediseñar el mecanismo de recaudación, trasladándolo a la planilla de agua potable. La Alcaldía calificó la medida como unilateral, antitécnica y atentatoria a la autonomía de las finanzas locales. La implementación del nuevo esquema (febrero 2026) generó fuertes reacciones ciudadanas por los incrementos significativos de tarifas. El Municipio debió introducir modulaciones. La controversia se mantiene abierta.
Otro episodio central en la ruptura entre Noboa y Muñoz fue la paralización de los procesos contractuales municipales por parte del Servicio de Contratación Pública (SERCOP), que afectó directamente la organización de las Fiestas de Quito de 2025. El bloqueo de mútiples contratos, incluidos eventos emblemáticos como la serenata quiteña, fue interpretado por el Municipio como una acción política. La decisión del alcalde de no realizar la tradicional serenata conjunta con el Presidente simbolizaba el fin de cualquier perspectiva de diálogo.
A partir de allí, el conflicto se intensifica y cambia de registro. En noviembre 2025 surgen denuncias por contratación municipal con sobreprecio (caso “hornado”) que generan turbulencia en el Concejo local. En diciembrem la Contraloría observa la compra de trolebuses eléctricos y encamina glosas e indicios de responsabilidad penal contra altas autoridades municipales. Aunque en apariencia se trata de un proceso institucional independiente, su coincidencia temporal con otras líneas de hostigamiento alimenta la percepción de un uso político de los mecanismos de control. La mayoría oficialista en la Asamblea aprobó una resolución para fiscalizar la compra de trolebuses. El municipio habló de una extralimitación de sus funciones pues no tiene competencia para fiscalizar a los GAD.
El punto más alto de la tensión se alcanza con la reforma al COOTAD (febrero de 2026), que introduce la regla fiscal 70/30, es decir, la obligación para los GAD de destinar al menos 70% de su presupuesto a inversión y limitar el gasto corriente a 30 %. La ley es presentada como económica urgente y se aprueba sin debate con los gobiernos locales. Para el Ejecutivo se trata de una medida de disciplina fiscal, eficiencia y transparencia orientada a priorizar obras y servicios básicos frente a gastos locales que denomina “excesivos”.
Por el contrario, desde la Alcaldía se calificó a la norma como un mecanismo inconstitucional de recentralización que atenta a la autonomía local, al obligar a una reestructuración presupuestaria de gran escala que amenaza programas de salud, educación, cultura y protección social. Otras voces entienden la reforma como una vía para trasladar el ajuste fiscal exigido por el FMI hacia municipios y prefecturas y para licuar la abultada deuda estatal con los territorios. Tales líneas de oposición derivaron en diversas convocatorias a movilización social -en las que participan el propio alcalde y la prefecta de Pichincha- y en la presentación de demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
La ruptura se consuma en marzo de 2026, cuando el alcalde denuncia “hostigamiento y amenazas a los municipios” mientras el Ejecutivo cierra canales de diálogo con alcaldías de oposición. Meses antes la Ministra de Gobierno dijo que no hablaría con las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca porque “no tienen las credenciales”. La reforma a la LOOTUGS (31 de marzo) profundiza la disputa, al subordinar y debilitar los instrumentos de planificación territorial de los GAD.
El gobierno justificó la reforma como parte de su agenda del “año de la construcción” (2026), con meta de 200.000 soluciones habitacionales. Alude explícitamente a incentivos tributarios para vivienda de interés social y a la reducción de barreras burocráticas para atraer inversión privada y facilitar proyectos estratégicos. Para sus detractores, entre los que se cuenta el alcalde de Quito, se trata de otro golpe a la autonomía local y un beneficio para intereses privados por encima del derecho a la ciudad: “paquetazo inmobiliario”. La controversia sigue abierta a la espera de la sanción presidencial y posibles acciones de inconstitucionalidad.
En este clima de acoso y confrontación, y en la medida en que se acercan los comicios locales, entre febrero y marzo 2026, las autoridades electorales toman controversiales medidas que, de un lado, alteran el calendario electoral previsto y, de otro, suspenden la participación de la RC, principal fuerza de oposición, y de otros partidos y movimientos. La sensación de que se está rediseñando el terreno electoral para favorecer a ADN gana lugar en el debate público. La detención, sin respetar el debido proceso, del alcalde de Guayaquil y máximo aspirante a la reelección, Aquiles Álvarez, abona a esas denuncias. En marzo 2026, el V-Dem Institute de la Universidad de Gothenburg publica su reporte sobre la democracia a nivel global y afirma que “el deterioro [de la democracia] en los últimos años ha colocado al Ecuador en la lista de potenciales autocratizadores” (2026: 28. Traducción propia).
En este sentido, más que un punto único de inflexión, esta fase articula una serie continua de reformas gubernativas y decisiones políticasd que, en la cercanía de los sufragios locales, hacen converger centralismo y tendencias autocráticas en una dinámica de hostigamiento a las autoridades locales -en particular aquellas de signo opuesto. La derrota oficial en la Consulta Popular de noviembre 2025, y el paro nacional de octubre, aparecen como telón de fondo del giro del gobierno hacia un mayor estrechamiento del espacio democrático y la voluntad de “recuperar” espacio político en lo local.
Fase 3: Ruptura y radicalización
Octubre-Noviembre 2025
→ Reformas a Tasa de Recolección de Basura. Malestar ciudadano contra alcaldía.
→ Consulta popular: derrota gubernamental.
→ Sercop bloquea más de 50 contratos municipales.
→ Archivo de revocatoria al alcalde, clima de confrontación.
Diciembre 2025
→ No realización de serenata quiteña.
→ Contraloría: glosas por trolebuses.
👉 judicialización / presión institucional.
🔻 Contra-reformas estatales
Febrero 2026
→ Ley de GAD (regla 70/30)
Movilización de alcaldes + anuncio de demandas.
👉 conflicto sobre autonomía local.
Marzo 2026
→ Reformas LOOTUGS
“Paquetazo inmobiliario” vs. “Vivienda de interés social”.
🔻 Ofensiva político-electoral
Febrero-marzo 2026
→ Suspensión temporal de la RC y modificación intempestiva del calendario electoral.
Salida
Tres ideas permiten comprender la reconfiguración de las relaciones gobierno nacional – municipio de Quito desde 2023. Primero, el conflicto nacional–local está profundamente imbricado con la polarización política nacional. Quito funciona como escenario privilegiado de esa disputa.
Segundo, la exacerbación del conflicto responde a la acumulación y superposición de conflictos: recursos, emergencias, competencias, reformas legislativas e incluso resoluciones que redibujan el próximo escenario electoral. Se genera así una percepción de presión simultánea y sostenida sobre el gobierno local.
Tercero, el conflicto experimenta un desplazamiento desde el plano de la disputa política y las lógicas de gestión hacia aquel de la estructura del Estado. El ciclo cierra con una conflictividad ampliada sobre autonomía, competencias, recentralización, reglas fiscales y organización del Estado. No se trata apenas de una controversia entre autoridades.
¿Pugna o asedio? Más que una disyuntiva, el proceso muestra una dinámica de confrontación que, en su escalamiento, reconfigura el equilibrio entre niveles de gobierno y estrecha los márgenes de autonomía local. Frente a ese escenario, percibido por múltiples actores como de bloqueo y asedio, emerge una respuesta desde lo local que combina resistencia institucional y disputa democrática. El caso de Quito es emblemático al respecto.