Desde 2023 Ecuador atraviesa una reconfiguración acelerada del poder político en el marco de la declaratoria de “conflicto armado no internacional” (9 enero 2024) como respuesta estatal al desborde de violencias en el territorio. A partir de este momento, la seguridad se convierte en el eje organizador del discurso gubernamental y en su principal marco de intervención. Esta centralidad no solo redefine la agenda pública sino que -en medio de un régimen de excepción casi permanente y la militarización del orden público- habilita la concentración de poderes en el Ejecutivo en detrimento del diálogo con fuerzas políticas y sociales y la vigencia de los controles democráticos.
En este escenario, desde 2025, la relación entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se sitúa como eje gravitacional del conflicto político. Lo que inicialmente apareció como un conjunto acotado de diferencias entre ambos niveles de gobierno -sobre temas de seguridad, transferencia de recursos, coordinación- se ha desplegado hacia: a) una sistemática confrontación política, especialmente dirigida contra los gobiernos locales de las principales ciudades y provincias del país bajo comando de fuerzas opositoras; b) una serie de reformas de alto impacto sobre la descentralización y la autonomía local.
El análisis que sigue da cuenta de tales terrenos de conflicto en el marco de una lectura ampliada del cambio estatal en un ciclo marcado por la violencia, el autoritarismo y la continuidad de las políticas de austeridad y extractivismo a nivel nacional.
Primeras tensiones
En 2024, primer año completo de Noboa en el poder, las fricciones con los GAD fueron constantes, pero no llegaron al nivel de confrontación institucional de 2025-2026. Se concentraron en dos ejes principales: seguridad y recursos financieros. El oficialismo tenía pocos aliados locales -ningún “alcalde propio” y contados prefectos afines- y baja influencia legislativa, pero el decreto de “guerra interna” favoreció la imagen del presidente y las FF.AA., robusteciendo su capacidad decisional.
Sobre el eje de seguridad, alcaldes de “cantones críticos”, como Durán y Samborondón, cuestionaron la efectividad de los decretos presidenciales de estado de excepción y señalaron la falta de coordinación con los GAD así como la ausencia de resultados en la reducción de la violencia. Estas críticas se intensificaron en un contexto particularmente grave: en 2024 fueron asesinados tres alcaldes y diversas autoridades locales denunciaron amenazas. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) exigió mayor protección gubernamental. El Ejecutivo respondió con un tono confrontativo, sugiriendo que algunos gobiernos locales no colaboran o sobredimensionan sus reclamos.
Otro foco de tensión se produjo por los retrasos en las transferencias de recursos. Aquello afectó el pago de sueldos, la ejecución de obras y la provisión de servicios básicos. Aunque el problema fue heredado, no pudo resolverse durante 2024. Aún más, Noboa dispuso un veto total a una ley que buscaba garantizar transferencias automáticas a inicios de cada mes. Si bien Finanzas realizó pagos parciales, la AME denunció problemas de liquidez en varios cantones.
Los reclamos de los GAD sobre la abultada deuda del gobierno central prosiguieron en 2025. En septiembre, la AME anunció una demanda ante la Corte Constitucional. En noviembre el gobierno propuso pagar las deudas con bonos; el Concejo Metropolitano de Quito aceptó la alternativa. Meses antes, sin embargo, Noboa acusó a los gobiernos locales de dilapidar recursos en campañas: “Cada vez que hay elecciones dan alaridos de que no se les paga…”.
Reelección y ascenso del conflicto
La reelección de Noboa en abril de 2025 modificó la correlación de fuerzas. Su caudal electoral se trasladó hacia su movimiento (ADN), que alcanzó un número de curules prácticamente similar a la Revolución Ciudadana (RC). La construcción de una mayoría pro-gubernamental se facilitó por múltiples casos de transfuguismo. Con el control de los dos principales poderes del Estado, el oficialismo extendió su influencia en el resto de instituciones y hostigó a las de mayor autonomía.
Asi, a dos meses de su posesión, el presidente arremetió contra la Corte Constitucional. El 12 de agosto encabezó una marcha en Quito contra este organismo, tras la suspensión provisional de artículos clave de tres leyes de seguridad impulsadas por su gobierno. Noboa acusó a la Corte de “activismo político” y de obstaculizar su estrategia contra el crimen. La hostilidad prosiguió cuando aquella declaró inconstitucionales dos leyes. Esto, entre otros factores, llevó al régimen a convocar una consulta popular que incluía la opción de una Constituyente.
En este contexto se aceleran las tensiones con los gobiernos locales. Un primer terreno de conflicto giró en torno a cuestiones ambientales. En julio, bajo un discurso de austeridad, el gobierno anunció la fusión de los ministerios de Ambiente y Energía. Algunos GAD y sectores ecologistas lo interpretaron como una subordinación de la protección ambiental a intereses extractivos, así como una reducción de la autonomía local en materia de licencias y control de recursos.
Las fricciones se agudizan (agosto-septiembre) por el proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha), en Azuay, donde el Ministerio fusionado otorgó una licencia ambiental para un proyecto de gran escala en un páramo clave para el abastecimiento de agua de Cuenca. La decisión desató una inmediata reacción local que obligó al Ejecutivo a revertir su posición, delegar competencias al municipio y suspender la licencia. El punto más alto del conflicto llega el 16 de septiembre con la multitudinaria “Marcha por el Agua” en Cuenca -convocada por organizaciones campesinas, indígenas, estudiantes, autoridades locales, etc.- en defensa del páramo y contra la minería. La movilización dejó ver la vitalidad de agendas ambientalistas, la fuerza de la identidad local y la capacidad de articulación territorial frente a decisiones percibidas como impuestas desde el centro.
El dinamismo del conflicto en los territorios tomó nuevo aire con el paro nacional de septiembre-octubre 2025 convocado por organizaciones indígenas y trabajadores tras el retiro del subsidio al diésel. El epicentro de la protesta se desplazó hacia la sierra norte, en específicos cantones (Cotacachi, Otavalo) de la provincia de Imbabura. El gobierno decretó Estado de excepción en las provincias de mayor movilización. El operativo represivo dejó un saldo de tres asesinados y cientos de heridos y detenidos. Nunca se abrió algún escenario de diálogo -algo criticado por autoridades locales- y cualquier acción directa de las comunidades fue repelida con enorme presencia militar. El discurso oficial asoció la protesta indígena y popular con el crimen organizado. Organismos de DDHH documentaron un patrón de hostigamiento estatal -bloqueo de cuentas, denuncias por terrorismo, vigilancia e estigmatización- contra activistas, políticos y defensores de derechos. Dicho esquema sigue vigente.
Gráfico 1.
Conflictividad socio-política en Ecuador 2023-2025 (provincias)
Fuente : CAAP
El paro nacional abrió nuevas fisuras en la relación del gobierno con los GAD. A las acusaciones previas de “colaboración” con la protesta, sobre todo contra autoridades de Imbabura, se sumó su posterior judicialización. Las denuncias de persecución crecen. En tal entorno, 2025 cerró con un nítido crecimiento del número de conflictos, en especial en provincias como Pichincha, Azuay, Imbabura y Chimborazo (gráfico 1). Para fines de año el gobierno ya tenía el control de los dos principales organismos asociativos –AME y CONGOPE (Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador)- de los GAD.
Consulta popular y aceleración autoritaria
En las cuatro preguntas de la consulta popular del 16 de noviembre 2025, el gobierno perdió con diferencias superiores a 20 puntos. Dicha derrota se dio prácticamente en todo el territorio[1]. Su retroceso fue marcado incluso en provincias de la Sierra, sus habituales bastiones. El fracaso de Noboa en la pregunta sobre “bases militares extranjeras” golpeó el corazón de su proyecto.
El régimen, sin embargo, no dio señales de escuchar las demandas sociales y relanzó una estrategia confrontacional. Un blanco particular han sido los gobiernos de las principales ciudades del país en manos de fuerzas de oposición. Guayaquil, Cuenca y Quito aparecen en la “primera línea” de hostilidad. Decisiones de los órganos de control, de la justicia y la activación del aparato mediático oficial parecen asediar a las autoridades electas. Este cuadro sugiere cierto desacople entre el oficialismo y aquellos territorios que concentran capacidades institucionales, recursos económicos y engranajes políticos con mayor posibilidad de desgastar al gobierno.
El caso más emblemático concierne la radicalización de la pugna entre el alcalde de Guayaquil y el presidente. Luego de un prolongado período (2024-2025) de intercambios fuertes sobre temas diversos -seguridad, contratación pública, “caso triple A” (acusaciones penales)-, el conflicto deriva en la detención por la Fiscalía de Aquiles Álvarez (febrero 2026), principal detractor de Noboa. Mientras algunos analistas consideran el caso como el “punto más alto del cerco al disenso” y la guerra jurídica en el país, el gobierno habla de lucha anticorrupción. En los días previos, Álvarez publicó un video en el que criticaba duramente la política criminal del gobierno mientras exigía el enjuiciamiento político del expresidente del Consejo de la Judicatura, acusado de vínculos mafiosos, cercano al oficialismo. El presidente lo llama “alcalde criminal”. Álvarez es confinado en una prisión de alta seguridad. Sus opciones de terciar como candidato en las elecciones locales -arbitrariamente anticipadas para noviembre de 2026- son mínimas.
De otra parte, el conflicto nacional-local se ha activado continuamente por diferencias en las compras públicas. Así, por medio del Sistema Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y la intervención de organismos de control, se han desplegado mecanismos de observación, bloqueo y judicialización de procesos clave para la gestión municipal. Los GAD denuncian trabas administrativas con motivaciones políticas.
Bajo estos antecedentes es posible identificar tres terrenos predominantes de conflicto nacional-local en el último ciclo. En algunos casos, se trata de tensiones de carácter institucional-administrativo, vinculado a las compras públicas, la gestión de competencias, recursos o políticas locales. En otros, el conflicto es fundamentalmente político-judicial, a través de procesos de fiscalización, judicialización e intervención de organismos de control. Finalmente, emergen disputas de carácter territorial-ambiental, asociadas a controversias por el modelo de acumulación y los poderes locales. Lógicamente, tales arenas de conflictividad tienden a combinarse según la dinámica política en juego.
Tabla N°1.
Terrenos de conflicto con los gobiernos locales
| Ciudad | Eje predominante | Conflictos específicos | Antagonistas principales |
| Quito | Institucional-administrativo | Trolebuses; fiestas de Quito | Ministerio de Finanzas; Ministerio de Cultura; SERCOP, Contraloría |
| Guayaquil | Político-judicial | Caso Triple A; detención y prisiones preventivas. | Fiscalía; tribunales; presidencia |
| Cuenca | Territorial-ambiental | Loma Larga - Quimsacocha; Marcha por el Agua | Ministerio de Energía; Ministerio del Ambiente. |
En medio de la confrontación con los gobiernos locales, el gobierno ha avanzado en el primer trimestre de 2026 en reformas legislativas que favorecen procesos de recentralización y deterioro de la autonomía local. Las reformas introducidas al COOTAD (Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los GAD, febrero), a regulaciones mineras (Ley Orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de Minería y Energía, marzo) y a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo – LOOTUGS (marzo) apuntan en tal dirección.
Si las reformas al COOTAD han sido impugnadas como un refuerzo de los mecanismos de control del Ejecutivo sobre los gobiernos locales, al vincular la aprobación presupuestaria y las transferencias fiscales al cumplimiento de parámetros definidos centralmente, los cambios en la LOOTUGS aparecen como un refuerzo del poder de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial sobre la planificación territorial de los municipios y un guiño a proyectos inmobiliarios “estratégicos”. Por último, además de debilitar controles ambientales y flexibilizar la consulta previa, las reformas mineras centralizan competencias en sectores estratégicos y reducen la autonomía local para la gestión de recursos y territorios.
Autoridades locales, organizaciones sociales, académicos hablan de un “paquete de recentralización” que traslada poder al Ejecutivo. Las tres leyes acumulan más de 30 demandas de inconstitucionalidad, entre otros temas, por violar la autonomía política, administrativa y financiera de los GAD.
Cierre
Tras la derrota en la Consulta Popular, el gobierno avanza hacia los gobiernos locales y consolida una esquema autoritario de gestión. Si la apuesta por capturar los principales GAD anticipa el escenario de las elecciones locales -el gobierno empujó la modificación del calendario electoral y la suspensión (RC) o eliminación de diversos partidos (UP, CONSTRUYE)-, también abre paso a una acelerada transformación del Estado en que la militarización y el control territorial apuntalan un orden de poder centralizado que asegure líneas estratégicas de acumulación (minería, minerales críticos, sector inmobiliario) en el corto plazo. Dicho dinámica política no solo reconfigura el equilibrio intergubernamental, sino que rompe las mediaciones democráticas, las autonomías locales y la vigencia del Estado constitucional de derechos.
[1] Ver el análisis de J. Rodríguez (2025) en: https://gk.city/2025/11/24/asi-perdio-daniel-noboa-la-consulta-analisis-javier-rodriguez/