Melissa Moreano Venegas
Universidad Andina Simón Bolívar y Colectivo de Geografía Crítica Ecuador
El Laboratorio de Conflictividad y Tecnopolítica de la FLACSO Ecuador aparece en un momento crucial en el que las universidades ecuatorianas han disminuido su participación en los asuntos públicos del país, como bien lo expresó Gioconda Herrera, directora de la FLACSO-Ecuador. El esfuerzo por medir y tratar de entender el nivel e intensidad de la conflictividad social, los actores interpelados y las formas de tratar el conflicto por parte del Estado es crucial en un momento de marcado autoritarismo y por la creciente subordinación de las instituciones estatales a intereses privados vinculados al entorno familiar del actual presidente. La iniciativa de la FLACSO Ecuador recupera así el papel social y político de las universidades como espacios de producción de información rigurosa y pensamiento crítico orientados a contribuir al bienestar de las vidas humanas y más que humanas que habitamos el país.
El Laboratorio emprende esta labor con una claridad teórico política: entiende los conflictos sociales como la expresión de la lucha de clases. Se distancia así de perspectivas despolitizadas que conciben el conflicto como una mera ruptura de la armonía social, enfoque que con frecuencia ha derivado en prácticas de “resolución de conflictos” orientadas a desactivar el disenso y la movilización social. Por el contrario, la comprensión del conflicto como antagonismo entre actores con intereses divergentes permite situar en el centro del análisis las asimetrías de poder que lo configuran, que deben ser combatidas o neutralizadas mediante política pública o lucha social para avanzar hacia futuros más justos.
El Laboratorio tiene otra claridad teórico metodológica al investigar los conflictos que se dan en Quito, centro político del país. Esta es la diferenciación que hacen entre conflictos EN la ciudad y conflictos SOBRE la ciudad, que llevan a una diferenciación de los actores que demandan cambios, los actores llamados a rendir cuentas y las temáticas.
Hay aquí una potencia de mirar los conflictos también como una expresión de la producción capitalista del espacio urbano, que produce espacios en clave dialéctica: allí donde un espacio se desarrolla en términos capitalistas, otros se subdesarrolla, se empobrece, es marginalizado. Los estudios clásicos de la geografía urbana se han centrado en cómo se produce el suelo urbano de manera desigual dotando de servicios públicos a unos a costa de otros, o el proceso de aburguesamiento que expulsa a comerciantes informales y habitantes previos al elevar los costos de la vivienda y de los servicios.
En esa misma veta, la tesis de la producción capitalista del espacio puede brindar pistas sobre cómo el espacio es producido para desactivar el conflicto o para ejercer violencia por parte del Estado, y, en esa línea, dar insumos para que el movimiento social responda, se prepare.
Recordemos cómo el movimiento popular e indígena produjo el espacio en la zona alrededor del Parque El Arbolito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las universidades que acogieron a los y las manifestantes durante el Paro de octubre de 2019. Tal fue la fuerza acumulada en los espacios producidos para el Paro, que la estrategia de los gobiernos de turno desde entonces ha sido impedir esa presencia territorial. Recordemos cómo en junio de 2022 la ocupación militar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana impidió utilizarla como base operativa y sitio de descanso y alimentación de los y las manifestantes, así como la negativa de la mayoría de las universidades que sí participamos en el 2019. Para el 2025, la estrategia fue más allá: desaparecer la sede física del gobierno, que aparecía a veces en Cotopaxi y otras veces en Chimborazo; y la desactivación de la protesta nacional, con la consecuente focalización de la represión en San Miguel del Común al norte de Quito y en el sur de Imbabura.
Iniciar el monitoreo y estudio de los conflictos en Quito, por su carácter de centro político, es un acierto en tanto Quito puede ser vista como espacio producido por la disputa entre las fuerzas en conflicto a escala local pero también nacional. Así, preguntar: ¿qué nuevas formas de control territorial pueden observarse en la ciudad de Quito? ¿Qué nos revelan esas formas sobre la conflictividad a nivel nacional, sobre cómo se produce ciudad? Y, en sentido inverso: ¿el despliegue espacial de las fuerzas represivas en Quito, son reverberaciones de la violencia ejercida en lugares alejados del centro político?
La ética y la responsabilidad política en la investigación sobre movilización social
La apuesta del Laboratorio y de la FLACSO-Ecuador a la que me referí al inicio, y esta concepción de conflicto me llevan a rescatar una vieja preocupación y un texto inédito que escribí a propósito de las investigaciones sobre movilización social en Ecuador. Mi intención es contribuir al debate y al trabajo futuro del Laboratorio, particularmente en consideración a su énfasis en los “Movimientos”, tal como lo indica su subtítulo.
“Hay cosas que las cámaras no deben saber de esa investigación”. Con esa frase, pronunciada por una compañera de la organización Mujeres de Frente, termina el microdocumental realizado por Andrea Zambrano Rojas, Lourdes Quintero, Iñaki García y Napoleón Crespo de julio de 2019. ¿Qué hace a esta compañera decir eso? ¿Existen dimensiones de los hallazgos de una investigación que se deben cuidar, no revelar? ¿Con qué propósito? Esas preguntas están abarcadas en esta otra: ¿Para qué y para quién investigamos?
Desde la explosión de los estudios críticos y feministas abundan las reflexiones sobre la violencia epistémica y material ejercida contra poblaciones en todo el mundo, reducidas de sujetos a objetos de indagación por investigadorxs poco despiertos. Abundan reflexiones sobre la violencia del hablar por otrxs, de silenciar sus voces. Sobre la violación de la privacidad y su espectacularización en tesis y artículos científicos. Sobre el rol de la investigación en el cambio social. Y esto es especialmente importante en la investigación sobre movimientos sociales. Esta, para que sea crítica y transformadora, debería servir a la propia construcción del movimiento, a desechar prácticas internas nocivas, a fortalecer prácticas emancipadoras, en suma, para transformar hacia adentro a la par que se busca la transformación hacia afuera. Es brindar un espejo para que organizaciones sociales de todo tipo sigan transitando en la búsqueda de la justicia ecosocial. Una investigación que solo obtiene datos para producir un informe y una publicación, que no es discutida de manera cuidadosa y consciente con las personas que fueron entrevistadas para el estudio o con otras integrantes de las organizaciones, es investigación extractiva que no aporta a la transformación desde adentro. Peor aún, cuando la investigación es usada para perseguir, amedrentar, disciplinar organizaciones, es investigación al servicio del poder, desviada de su propósito original de comprender la realidad para transformarla.
Me refiero, explícitamente, a dos investigaciones encargadas y publicadas por el Grupo Faro, en dos momentos distintos pero que comparten el ambiente represivo. La más reciente, de 2024, se llama “Una mirada a la situación de las organizaciones de la sociedad civil en Ecuador y su marco normativo: hallazgos y recomendaciones” y fue utilizada como evidencia de las “circunstancias apremiantes” que requirieron la emisión de la Ley orgánica para el control de flujos irregulares de capitales, conocida como Ley de fundaciones, ya en el gobierno de Daniel Noboa. Esta Ley ya ha sido señalada como una norma estigmatizante, criminalizadora y disciplinante de las Organizaciones de la Sociedad Civil y varias acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas en ese sentido. Aunque los hallazgos de la investigación fueron descontextualizados en el texto de la Ley, llama la atención que ni los autores del estudio y de la publicación, ni la entidad investigadora -Grupo Faro-, hayan rechazado el uso de su trabajo para criminalizar y deslegitimar a las OSC.
Y llama más la atención a la luz de un incidente previo, cuando la publicación de otro estudio del Grupo Faro fue citado como fuente principal de una nota del portal digital Plan V, titulado “¿Quiénes son y en qué creen los «militantes radicales» en el Ecuador?”, apenas unos días después de culminado el Paro de Octubre de 2019. En la misma tónica que el caso anterior, la nota reseñaba la publicación del Grupo Faro y posicionaba la narrativa de que 14 colectivos urbanos con base en Quito, entre ellos el colectivo al cual pertenezco, se habrían radicalizado y contribuido a la supuesta violencia de Octubre. La interpretación difundida por el artículo fue objeto de cuestionamientos incluso por parte del coordinador de la investigación y de la publicación, un académico comprometido con diversas causas de izquierda, quien dirigió una carta al portal expresando su desacuerdo con dicha lectura de los resultados. Esa comunicación puede consultarse al final de la nota enlazada.
De todas formas, la nota replicaba pasajes de la publicación que nos traen de nuevo las preguntas que planteé al inicio: ¿para quién se investiga? O, mejor dicho, ¿para qué se publican los hallazgos de una investigación? Y es que la publicación no solo cita el nombre completo de los colectivos investigados, sino que revela información de su operación interna y posibles puntos débiles. Publicaron para quien quiera leer (como el redactor de Plan V) cómo se organizan los colectivos, cómo toman las decisiones, cómo tratan de influenciar en sus ámbitos de interés. Desde mi pertenencia a uno de los colectivos señalados habría esperado que, en línea con lo mejor de la tradición de la investigación crítica militante, la información levantada se hubiera usado para generar conversaciones internas que nos fortalecieran, que nos ayudaran a decidir cómo luchar mejor, pero ese no fue el caso.
En el estado actual de las cosas, y como dice la frase al inicio de este texto, ¿conviene publicar todo lo que se halla cuando se investiga a los movimientos sociales?